Solo cosquillas al comercio ilegal

En una nota que publica Infobae se da cuenta de la evolución del comercio ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. Explica el artículo, que las herramientas legales/procesales con que cuentan las autoridades, son escasas o en todo caso insuficiente, como para esperar buenos resultados. A tal efecto, citan los arts. 83 y 84 del Código Contravencional. Desde ya que no comparto. Si bien es cierto que al momento de iniciar un operativo lo pueden hacer al amparo de dicho texto normativo, no es menos cierto que desde el mismo momento que se advierte la comisión de otros delitos, como por caso la violación de los derechos de autor (ley 11.723) o la violación de la ley de marcas (ley 22.362), cabe recurrir y utilizar dichas normas, -en algún caso mucho mas severas-, e incluso aplicarlas de manera concurrente. Lo mismo sucede con el Código Aduanero, de detectarse mercadería de contrabando. Todos estos, falsificación de marcas, violación de derechos intelectuales o contrabando, son delitos de acción pública. Luego, no veo impedimento para que las autoridades puedan recurrir a la legislación correspondiente, al monento de imputar las conductas de los infractores; es mas, resulta una obligación denunciar todo y cualquier delito de acción pública... Según la nota que vengo referenciando, muchos de los imputados por violar el Código Contravencional, han reconocido formar parte de organizaciones criminales que se dedican a delitos mayores. Esa sola confesión da cuenta, que las autoridades se quedan a medio camino, y que no tienen verdadera voluntad de acabar con estas organizaciones criminales. De lo contrario, con solo tipificar la "organización/asociación" ilícita, ya estaríamos en presencia de un delito mayor, comprensivo de todos los demás delitos, ya sean de carácter impositivo, marcario, aduanero o de piratas del asfalto. No debería ser muy dificultoso determinar las fuentes de donde se nutren estas organizaciones. No se requiere de gran "inteligencia". Hace tan solo unos pocos días, nos enteramos que en unos galpones pertenecientes a la AGP, dependiente del Ministerio del Interior, se almacenaba y comercializaba mercadería proveniente del contrabando y piratas del asfalto. A la vista de todos. Sencillamente, nadie se daba por enterado. Ni la autoridad judicial, ni la nacional, ni la de la Ciudad. Se cometían todos estos delitos en en el seno del propio gobierno. Si existiera sincera voluntad de combatir este flagelo, no sería muy problemático descubrir y terminar con estas organizaciones. Sucede, lamentablemente, que no la hay. Así de fácil... 

RJ