España retrocede en la lucha contra la piratería
Noticias de la red informan que acaba de ser rechazada por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso Español, gracias a los 20 votos de la oposición frente a los 18 del PSOE, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, conocida como 'ley Sinde', que hubiera permitido cerrar páginas webs por vulnerar derechos de propiedad intelectual. Lamentablemente el PSOE no encontró apoyos entre sus socios políticos; ni CIU ni tampoco los nacionalistas canarios y vascos, sus socios parlamentarios, apoyaron a los socialistas en el Congreso. CIU aludió para justificar su rechazo que había que "buscar el equilibrio" entre la defensa de la propiedad intelectual, que sea "compatible" con las nuevas tecnologías. Por su parte ... el PNV precisó que era necesario "reflexionar mucho más sobre la convergencia de las nuevas tecnologías con la defensa de la propiedad intelectual, ambos bienes dignos de ser protegidos por el ordenamiento jurídico".
En tanto la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, declaró que quien sostiene que la Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible ataca a la libertad de expresión, "o no sabe lo que es la libertad de expresión, o no conoce la ley". Por ello, pidió a los miembros de la cámara que contribuyeran a combatir esa "demagogia" y que ayudaran a proteger los derechos de los creadores, porque "ahí estará la verdadera libertad de expresión".
Según información de La razón.es, 28,9 millones de euros al día, son las pérdidas diarias si tenemos en cuenta las cifras del último Observatorio de «piratería» y hábitos de consumo de contenidos digitales. Los que más van a notarlo son los músicos, pues cada jornada dejan de ingresar 14,7 millones (su tasa de «piratería» es del 97,8%), seguidos del sector cinematográfico con 10,3 millones de pérdidas diarias. El estado tampoco es ajeno a estas pérdidas. Destaca la misma fuente que Hacienda pública pierde cada 24 horas cerca de cuatro millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades por el material legal que se deja de vender y también por las empresas del sector que echan el cierre. En total, el Estado deja de ingresar más de 1.400 millones anuales.
En síntesis, triunfo el concepto de los que consideraron que el derecho de los creadores, no puede estar por encima de las libertades individuales. Lo que sin embargo no tuvieron en cuenta, es que para proceder al cierre de las web denunciadas era necesaria previamente una autorización judicial. El procedimiento que proponía la norma es que el dueño de los derechos de autor pudiera demandar a una página web frente a la Comisión de Propiedad Intelectual (adscrita a Cultura, pero con representante de los diversos sectores) la presunta utilización ilícita de contenidos protegidos. Si la Comisión lo estimaba pertinente, se remitía a un juez de la Audiencia Nacional que tendría cuatro días para resolver si bloqueaba o no los contenidos de la página denunciada. Como se ve, no se vulneraba ninguna libertad individual; por el contrario, se las protegía. En suma, una lástima lo resuelto por el congreso español y sin dudas un retroceso en la lucha contra la piratería.
En tanto la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, declaró que quien sostiene que la Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible ataca a la libertad de expresión, "o no sabe lo que es la libertad de expresión, o no conoce la ley". Por ello, pidió a los miembros de la cámara que contribuyeran a combatir esa "demagogia" y que ayudaran a proteger los derechos de los creadores, porque "ahí estará la verdadera libertad de expresión".
Según información de La razón.es, 28,9 millones de euros al día, son las pérdidas diarias si tenemos en cuenta las cifras del último Observatorio de «piratería» y hábitos de consumo de contenidos digitales. Los que más van a notarlo son los músicos, pues cada jornada dejan de ingresar 14,7 millones (su tasa de «piratería» es del 97,8%), seguidos del sector cinematográfico con 10,3 millones de pérdidas diarias. El estado tampoco es ajeno a estas pérdidas. Destaca la misma fuente que Hacienda pública pierde cada 24 horas cerca de cuatro millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades por el material legal que se deja de vender y también por las empresas del sector que echan el cierre. En total, el Estado deja de ingresar más de 1.400 millones anuales.
En síntesis, triunfo el concepto de los que consideraron que el derecho de los creadores, no puede estar por encima de las libertades individuales. Lo que sin embargo no tuvieron en cuenta, es que para proceder al cierre de las web denunciadas era necesaria previamente una autorización judicial. El procedimiento que proponía la norma es que el dueño de los derechos de autor pudiera demandar a una página web frente a la Comisión de Propiedad Intelectual (adscrita a Cultura, pero con representante de los diversos sectores) la presunta utilización ilícita de contenidos protegidos. Si la Comisión lo estimaba pertinente, se remitía a un juez de la Audiencia Nacional que tendría cuatro días para resolver si bloqueaba o no los contenidos de la página denunciada. Como se ve, no se vulneraba ninguna libertad individual; por el contrario, se las protegía. En suma, una lástima lo resuelto por el congreso español y sin dudas un retroceso en la lucha contra la piratería.
RJ
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